El municipio de Ramallo puso en debate un esquema de cobros a camiones que circulen por el Acceso Sánchez, un tramo de aproximadamente cinco kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con campos, industrias y áreas portuarias. Esta iniciativa, que no prevé una contraprestación directa por parte del municipio, encendió alertas en los sectores productivos y del transporte.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) difundió su preocupación por la medida a través de redes y comunicados, advirtiendo sobre el impacto en la actividad productiva, comercial y logística de la región. La entidad pidió que se analice con especial atención cualquier mecanismo que incremente el costo del transporte en corredores esenciales.
Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Municipalidad adjudicó mediante la Licitación Pública 3/25 a Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez). La normativa municipal proyecta cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios industriales o playas mediante un dispositivo electrónico (TAG).
FADEEAC anunció que presentará una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación y alertó sobre el riesgo de crear “aduanas interiores” disfrazadas de tasas de mantenimiento. Su presidente, Cristian Sanz, advirtió que si el modelo se replica se verá afectada la competitividad, aumentando costos de exportación y fragmentando el comercio interior.
¿Un “peaje ilegal” en Ramallo?
La entidad transportista calculó que el esquema implica un costo por kilómetro que resulta 120 % más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, y señaló que la comuna ya aplica desde enero una tasa del 2 % sobre cada litro de combustible en estaciones locales. Ese cuadro, sostienen los reclamos, termina trasladando mayores costos a toda la cadena agroindustrial, desde la compra de insumos hasta el despacho a puerto.
La SRA remarcó que las decisiones de los distintos niveles de gobierno deberían facilitar la circulación de bienes y mejorar infraestructura en lugar de crear cargas que deterioren la competitividad de las economías regionales. La entidad aseguró que acompañará las gestiones institucionales necesarias para que la situación sea revisada y se preserve el normal funcionamiento de la actividad productiva local.
Desde el punto de vista financiero, el municipio prevé que la recaudación ingrese 100 % a las arcas locales y que se reparta en un 50 % con un concesionario privado, lo que motivó pedidos al Ministerio de Economía para que solicite una medida cautelar de suspensión inmediata ante la Justicia. La falta de una afectación específica de los fondos y la ausencia de una contraprestación directa son ejes centrales del reclamo.
Para los transportistas, es inconstitucional
En su presentación, FADEEAC calificó la medida como una doble imposición que vulnera la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548) y la Ley Nacional de Combustibles (Ley 23.966), y pidió la intervención de la Nación. La organización también sostuvo que la recaudación proyectada supera ampliamente cualquier costo razonable de conservación vial.
Los Pliegos de Bases y Condiciones de la concesión establecen obligaciones de mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación a cargo del concesionario por un periodo de 20 años, algo que las empresas cuestionan frente al esquema de cobros. En una carta dirigida a FADEEAC y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), empresarios señalaron que la ubicación del puesto de control estrangula el único corredor habilitado para el tránsito pesado hacia complejos industriales y el Puerto de San Nicolás.
Alerta en el sector productivo
La Federación indicó que la medida encendió la alarma en más de un centenar de empresas de transporte e industrias dadoras de carga de la zona, que ven en el esquema un aumento directo de sus costos operativos. Además, existe temor por la posible aplicación de sanciones arbitrarias, como multas o decomisos de mercadería, para las unidades que no adhieran al sistema.
Según estimaciones de las firmas afectadas, el gravamen podría implicar un costo anual por empresa que oscilaría entre $100 y $500 millones, monto que absorbería márgenes operativos y pondría en riesgo la continuidad de operaciones logísticas en la región. El reclamo de FADEEAC y de la SRA busca no solo la suspensión del sistema, sino también la derogación de la ordenanza para evitar la creación de barreras económicas municipales que se solapen sin coordinación nacional.