Author: Manuel

Esta historia apareció originalmente en Common Dreams el 19 de mayo de 2026 y se comparte aquí bajo la licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0).

Defensores de Palestina criticaron el anuncio del gobierno de EE. UU. sobre sanciones dirigidas a cuatro activistas no violentos que participaron en flotillas humanitarias recientes que intentaron romper el bloqueo israelí sobre Gaza.

El Departamento del Tesoro indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) tomó medidas contra cuatro personas vinculadas a la Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA), organización designada por Estados Unidos, por su presunta relación con una flotilla que intentaba acceder a Gaza en apoyo a Hamas.

Las personas sancionadas son: Saif Abu Keshek, palestino con ciudadanía española y sueca y líder del PCPA que participó en misiones de la Global Sumud Flotilla (GSF); Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, presidente del PCPA y con base en Jordania; Mohammed Khatib, coordinador europeo de la red Samidoun y radicado en Bélgica; y Jaldia Abubakra Aueda, coordinadora de Samidoun en Madrid.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la flotilla pro-terrorista constituye un intento de socavar el progreso hacia la paz que, según él, impulsa la administración de Trump, y afirmó que el Tesoro seguirá actuando para interrumpir las redes financieras que supuestamente apoyan a Hamas. Las autoridades estadounidenses anunciaron que las sanciones congelan activos en EE. UU. de los señalados y prohíben a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.

No existe evidencia verificada de un vínculo entre las flotillas y Hamas. Al mismo tiempo, expertos de la ONU, varios gobiernos, organizaciones de derechos humanos y analistas han acusado a Israel de perpetrar actos que han sido descritos como genocidio, apartheid, colonización, ocupación y limpieza étnica contra la población palestina.

La organización Samidoun calificó las sanciones como parte de lo que llamó una política estadounidense contra el pueblo palestino y señaló la intercepción y el decomiso de embarcaciones de la GSF por parte de Israel en el mar como contexto de las medidas. Samidoun aseguró que las sanciones y las acciones navales israelíes están vinculadas y que afectan a organizaciones palestinas y activistas internacionales.

Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, las administraciones de Biden y Trump han respaldado a Israel con ayuda militar y apoyo diplomático, incluida la utilización del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en resoluciones relacionadas con Gaza. En términos históricos, el apoyo financiero de EE. UU. a Israel desde 1948 asciende, en dólares ajustados por inflación, a cifras cercanas a los 300.000 millones.

El regreso de Trump a la presidencia ha venido acompañado de medidas más estrictas contra activistas, estudiantes y organizaciones pro-palestinas, así como contra ciudadanos extranjeros. Críticos —entre ellos grupos de defensa, académicos y algunos jueces— han expresado preocupaciones sobre ataques a la libertad de expresión, de asociación y a la libertad académica.

La administración estadounidense también ha impuesto sanciones contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y otros juristas, después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza. La CPI también emitió órdenes contra líderes de Hamas que fallecieron en ataques israelíes.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, afirmó que la CPI podría buscar su arresto y manifestó que respondería ordenando desalojos masivos de palestinos en la ocupada Cisjordania, declaraciones que generaron críticas y preocupación internacional.

Además, Estados Unidos impuso sanciones a la experta independiente de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, y a su familia; una decisión que fue temporalmente bloqueada por un juez federal, que sostuvo que la especialista no había hecho más que ejercer su derecho a hablar.

Defensores de la libertad de asociación han advertido que la etiqueta de “terrorismo” se utiliza cada vez más contra organizaciones y activistas palestinos y sus partidarios, lo que, según ellos, coloca a comunidades de la diáspora palestina bajo una amenaza constante de ser designadas y sancionadas.

Esta nota, publicada originalmente en Common Dreams el 19 de mayo de 2026 bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0), informa sobre sanciones impuestas por Estados Unidos a organizadores de flotillas humanitarias hacia Gaza.

Resumen de los hechos
– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra cuatro activistas no violentos vinculados a las recientes flotillas que intentaron acceder a Gaza. La medida incluye el congelamiento de eventuales activos en EE. UU. de los sancionados y la prohibición para ciudadanos o entidades estadounidenses de hacer negocios con ellos.
– La OFAC describió a la iniciativa como relacionada con una “flotilla pro-Hamas” organizada por la Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA), organización que Estados Unidos tiene designada por su presunta vinculación con Hamas. El gobierno estadounidense afirmó que estas acciones buscan cortar redes financieras globales que apoyan a Hamas.

Personas sancionadas (según la nota)
– Saif Abu Keshek: palestino con ciudadanía española y sueca, dirigente del PCPA y organizador de misiones de la Global Sumud Flotilla (GSF).
– Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz: presidente del PCPA con base en Jordania.
– Mohammed Khatib: coordinador europeo de Samidoun, residente en Bélgica.
– Jaldia Abubakra Aueda: coordinadora de Samidoun en Madrid.

Declaraciones y contexto
– El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la flotilla “pro-terrorista” intentaba socavar los esfuerzos de paz de la administración y afirmó que la Tesorería seguirá atacando las redes financieras de Hamas dondequiera que existan.
– No hay evidencia comprobada de que las flotillas hacia Gaza estén vinculadas a Hamas, según señala la nota. Por otra parte, la situación en Gaza ha sido denunciada por expertos de Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones de derechos humanos que han caracterizado las acciones de Israel en términos como genocidio, apartheid, colonización, ocupación y limpieza étnica; estas valoraciones proceden de dichos expertos y organizaciones citados en el artículo.
– Samidoun calificó las sanciones como parte de lo que llamó “la guerra genocida de Estados Unidos contra el pueblo palestino” y vinculó la medida a recientes intervenciones israelíes en alta mar contra embarcaciones de las flotillas, incluyendo detenciones y confiscaciones.

Antecedentes y relaciones internacionales
– Desde el 7 de octubre de 2023, las administraciones de Biden y Trump han brindado apoyo militar y diplomático a Israel, según el texto; ese apoyo incluye miles de millones de dólares en ayuda militar y vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU contra resoluciones de alto el fuego. El artículo cita estimaciones que colocan la ayuda financiera total de EE. UU. a Israel, ajustada por inflación desde 1948, en torno a los 300.000 millones de dólares.
– La administración Trump ha intensificado medidas contra activistas, organizaciones y extranjeros pro-Palestina, lo que ha generado críticas por supuestas restricciones a la libertad de expresión, asociación y a la libertad académica.
– Asimismo, la administración estadounidense aplicó sanciones contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y otros juristas del tribunal, tras la emisión por parte de la CPI de órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes; la CPI también emitió órdenes contra líderes de Hamas que murieron en ataques israelíes.
– El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich afirmó que la CPI busca su arresto y declaró que respondería con medidas duras contra palestinos en Cisjordania, una afirmación que figura en el informe como parte del contexto político.
– También se mencionan sanciones estadounidenses contra la experta independiente de la ONU Francesca Albanese y su familia, una medida que fue temporalmente bloqueada por un juez federal que consideró que la experta “no ha hecho más que hablar”.

Reacciones de organizaciones
– Organizaciones y defensores palestinos y de la diáspora han denunciado que la etiqueta de “terrorismo” se usa para desactivar la organización internacional de la sociedad civil palestina. Una portavoz de la organización Democracy for the Arab World Now comentó que la red de vigilancia y sanciones se está ampliando y que comunidades de la diáspora palestina viven bajo la continua amenaza de ser señaladas.

Este resumen presenta los elementos principales del artículo, manteniendo un tono informativo y neutral sobre las sanciones, los actores implicados, las declaraciones oficiales y el contexto político y humanitario señalado en la pieza original.

Photo caption: U.S. Treasury Secretary Scott Bessent testifies before the Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs in Washington, D.C., February 5, 2026. (Kevin Dietsch/Getty Images)

This story originally appeared in Common Dreams on May 19, 2026 and is shared here under a Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) license.

Summary

Palestine supporters criticized a May 19, 2026 announcement from the U.S. Treasury that imposed sanctions on four individuals involved with recent humanitarian flotillas seeking to reach Gaza. The Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) said it was taking action against people it identified as associated with the Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA), an organization the U.S. government has designated. Treasury described the flotilla as supporting Hamas.

Sanctioned individuals and roles
– Saif Abu Keshek: PCPA leader, holds Spanish and Swedish citizenship, involved in organizing Global Sumud Flotilla missions.
– Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz: PCPA president based in Jordan.
– Mohammed Khatib: Based in Belgium, identified as European coordinator for Samidoun, the Palestinian Prisoner Solidarity Network.
– Jaldia Abubakra Aueda: Samidoun coordinator in Madrid.

Treasury reaction and rationale

Treasury Secretary Scott Bessent said the administration would continue to disrupt what it describes as Hamas’s global financial networks. The Treasury statement characterized the flotilla as “pro-Hamas,” a claim contested by some supporters of the flotillas; reporting notes there is no substantiated evidence publicly linking the flotillas to Hamas.

Responses and wider context

Samidoun criticized the sanctions, saying they freeze any U.S. assets the targets may have and prohibit Americans from doing business with them. The group called the measures part of what it described as a broader U.S. campaign against Palestinians, and pointed to recent Israeli interceptions and seizures of flotilla vessels at sea.

The announcement comes amid broader tensions over U.S. support for Israel. Since the October 7, 2023 attack by Hamas, both the Biden and Trump administrations have provided military aid and diplomatic backing to Israel. The article cites analyses that put cumulative U.S. financial support to Israel, adjusted for inflation since 1948, at roughly $300 billion.

Recent U.S. actions also include sanctions related to the International Criminal Court (ICC) after the ICC issued arrest warrants for Israeli officials accused of alleged war crimes and crimes against humanity, and sanctions targeting some Palestinian-related individuals and organizations. The U.S. also moved to sanction UN expert Francesca Albanese and her family; a federal judge temporarily blocked that action earlier in May, saying Albanese’s statements amounted to protected speech, according to reporting.

Advocacy groups and critics

Advocacy groups, academics, and civil liberties advocates have criticized what they see as a pattern of U.S. measures that label Palestinian organizing as terrorism and restrict pro-Palestinian activism abroad. Isabelle Hayslip of Democracy for the Arab World Now said that when Palestinians and their supporters organize internationally, U.S. authorities increasingly use terrorism designations to limit their activities, putting diaspora communities at risk of designation for advocating rights.

Allegations against Israel

The article notes that some U.N. experts, national governments, and human-rights organizations have described Israeli actions in Gaza using terms such as genocide, apartheid, occupation, and ethnic cleansing. These are contested characterizations and remain the subject of international debate and legal consideration.

This story first appeared in Common Dreams on May 19, 2026 and is shared under a Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) license.

US officials announced sanctions on four organizers of recent humanitarian flotillas that tried to reach Gaza. The Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) said the measures target individuals it alleges are associated with the US-designated Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA) and a flotilla it described as attempting to reach Gaza “in support of Hamas.” The sanctions freeze any US-based assets of the targets and bar Americans from doing business with them.

The individuals named by the Treasury are:
– Saif Abu Keshek, a Palestinian who holds Spanish and Swedish citizenship and a leader in the PCPA who helped organize Global Sumud Flotilla missions;
– Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, president of the PCPA and based in Jordan;
– Mohammed Khatib, based in Belgium and the European coordinator for the Palestinian Prisoner Solidarity Network Samidoun; and
– Jaldia Abubakra Aueda, Samidoun’s coordinator in Madrid.

Treasury Secretary Scott Bessent said the action seeks to “sever Hamas’ global financial support networks” and described the flotilla as an attempt to undermine US efforts toward peace. Supporters of the flotillas and rights groups dispute any proven links between those missions and Hamas.

Responses to the sanctions were sharply critical from Palestinian rights advocates and some organizations involved in the flotillas. Samidoun called the move part of a broader US effort against Palestinian groups and pointed to recent Israeli interceptions and seizures of flotilla vessels at sea and the detaining of activists. Other advocates argued that US financial and technological leverage is being used to curtail pro-Palestinian organizing.

The announcement came amid a wider context of tensions over Israel’s conduct in Gaza. United Nations experts, multiple national governments, human rights organizations, and other observers have described Israel’s actions in Gaza with terms including genocide, apartheid, colonization, occupation, and ethnic cleansing; these characterizations are contested and form part of ongoing international debate and legal scrutiny.

Since October 7, 2023, both the Biden and Trump administrations have provided Israel with significant military aid and diplomatic support, including exercising vetoes on some UN Security Council ceasefire proposals. Analyses cited in public reporting place total US financial assistance to Israel since 1948, adjusted for inflation, at roughly $300 billion.

The Trump administration has also taken other measures related to the Israeli-Palestinian conflict, including sanctions on international figures and organizations. Recent US sanctions targeted the International Criminal Court prosecutor Karim Khan and other ICC personnel after the court issued arrest warrants for Israeli officials including Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant for alleged war crimes and crimes against humanity in Gaza; the ICC also issued warrants for three Hamas leaders who have since been killed. Far-right Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich said the ICC was seeking his arrest and said he would “fight back,” including by ordering the removal of Palestinians from homes in parts of the West Bank.

The US also imposed sanctions on UN independent expert Francesca Albanese and her family; a federal judge temporarily blocked that action earlier in May, saying Albanese had “done nothing more than speak,” according to reporting.

Critics of the US measures say Washington increasingly uses terrorism and sanctions designations to limit pro-Palestinian organizing and to target diaspora activists. Isabelle Hayslip, advocacy manager at Democracy for the Arab World Now, told Al Jazeera that the designation process is widening and that Palestinian diaspora communities live under growing risk of being designated for their advocacy.