Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Source: Republic of Colombia

Nueva York (abr. 14/20).

Señor Presidente:

Gracias por convocar esta sesión del Consejo de Seguridad. Para Colombia y todos los países es fundamental que las Naciones Unidas sigan trabajando en sus pilares y mandatos. Más aún en el contexto de la crisis mundial por el COVID-19 y sus graves desafíos.

En nombre del Presidente Iván Duque, deseo expresar nuestra gratitud a los miembros del Consejo de Seguridad por su permanente apoyo a mi país. También aprovecho esta oportunidad para agradecer al Secretario General, Antonio Guterres, por su informe, y a su Representante Especial y Jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, por su importante labor en Colombia.

Saludo la intervención del representante de la juventud colombiana. En nuestras políticas públicas para el desarrollo sostenible y la Paz con Legalidad, los jóvenes desempeñan un papel central tanto como participantes como beneficiarios de las acciones.

Señor Presidente:

En el primer trimestre de 2020, nuestro país se ha enfrentado a numerosos desafíos. Entre ellos, destaco los esfuerzos realizados para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Además, el éxodo de 1,8 millones de venezolanos que se han asentado en Colombia y demandan atención humanitaria y social. Aprovecho para agradecer a todos aquellos países que nos han apoyado con valiosa cooperación en estos campos.

Incluso en estas circunstancias, el Presidente Duque ha reafirmado su determinación de avanzar en la implementación de la política de Paz con Legalidad. La decisión es acelerar y cumplir nuestros compromisos con las víctimas, los excombatientes, y con las comunidades y familias involucradas en esta Política, incluyendo a aquellos que participan en programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Hemos avanzado en la consolidación de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. La puesta en marcha de estos programas, que también son fundamentales para el Desarrollo Rural Integral, cuenta ahora con el respaldo de las nuevas autoridades regionales y locales que tomaron posesión el pasado mes de enero.

Tras varias reuniones con el Gobierno Nacional, los nuevos gobernadores y alcaldes han comenzado a incorporar la política de Paz con Legalidad en las agendas de los gobiernos locales y en los instrumentos de planeación territorial. A finales de febrero de 2020, 166 municipios y 15 departamentos ya habían avanzado en la adopción de decisiones con ese fin.

Me gustaría referirme ahora a los dos mandatos de la Misión de Verificación.

Primero, la reincorporación de ex-combatientes. El informe se refiere a los importantes progresos del país en esta esfera. Desde que asumió el cargo hace 20 meses, el Presidente Duque ha reafirmado enfáticamente que el éxito y la sostenibilidad del proceso de reincorporación es decisivo para prevenir nuevos ciclos de violencia.

Hemos avanzado en cuestiones complejas relacionadas con la situación jurídica de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR. Se han asignado unos 4 millones de dólares para la adquisición de los predios en los que estos están ubicados. Al mismo tiempo, varios concejos municipales procuran incorporar estas áreas en el ordenamiento territorial de sus jurisdicciones, para facilitar el desarrollo de proyectos productivos o de vivienda. Las decisiones sobre estas zonas se están tomando mediante procesos participativos.

Se ha asegurado el suministro de alimentos, pago de servicios públicos, arrendamientos, afiliación al sistema de salud y cuidado de niños para los más de 13.000 excombatientes acreditados. El Gobierno sigue comprometido en ampliar su acceso a proyectos productivos y a programas educativos y de capacitación laboral. Como se reconoce en el informe, la Ruta de Reincorporación Social y Económica fue aprobada por el Consejo Nacional de Reincorporación y adoptada por el Gobierno. Este marco aplica a los ex combatientes asentados tanto dentro como por fuera de los antiguas ETCR.

Sr. Presidente:

En segundo término, me referiré al mayor reto al que nos enfrentamos: garantizar la seguridad de los excombatientes, los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y las comunidades vulnerables.

El Estado en su conjunto ha fortalecido sus acciones y articulación en tres áreas: aumentar la eficacia de las estrategias de prevención y protección; agilizar las investigaciones judiciales; y combatir eficazmente las organizaciones delictivas responsables de los atentados.

Para el Gobierno, la seguridad de los excombatientes y sus familias, así como de los miembros del hoy partido político FARC, son una prioridad. La política Paz con Legalidad establece la articulación de los esquemas de seguridad. Más de 40 medidas de seguridad y protección se vienen desarrollando para materializar el compromiso del Estado con la seguridad de los excombatientes. Estas no remplazan ni afectan ninguna de las instancias previstas en el Acuerdo.

Un total de 3.740 miembros de la Fuerza Pública custodian la seguridad de esos excombatientes  en los antiguos ETCR. La Unidad Nacional de Protección salvaguarda a 300 excombatientes con sólidos esquemas de seguridad. Por orden presidencial, se han adoptado medidas como los esquemas de reacción rápida, los centros de información, recompensas, nuevas metodologías para el análisis de riesgo y capacitación en autoprotección.

Así mismo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad viene trabajando para fortalecer las medidas de protección y seguridad. Esta Comisión ha sesionado en quince oportunidades.  Este foro tiene un espacio para analizar también las propuestas de la sociedad civil y ha considerado enfoques diferenciados étnicos y de género. En este contexto, se lanzó el Plan de Acción del Programa integral de protección de mujeres líderes y defensoras de derechos humanos. Este Plan enfatiza en el papel de las mujeres en la consolidación de la paz, en línea con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad.

Adicionalmente, el Gobierno está culminando la formulación del Plan de reforzamiento en seguridad para la población objeto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

En materia judicial, la Fiscalía General de la Nación obtuvo avances investigativos en 102 hechos donde los excombatientes fueron víctimas, de un total de 223 conocidos. Esto representa un 46% de los casos. Se han obtenido 24 condenas. Además, se han emitido 178 órdenes de captura por homicidio, tentativa y desaparición forzada, incluyendo 51 dirigidas a los autores intelectuales.

Para acabar con estos crímenes y amenazas, el Gobierno actúa en un frente crucial: enfrentar la actividad criminal de grupos armados organizados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.  Estos grupos realizan acciones violentas para capturar las rutas comerciales para el tráfico de su producción ilegal, amenazando a las comunidades vulnerables.

Colombia sigue pagando las consecuencias del crecimiento inusitado del área de cultivos ilícitos registrado entre 2013 y 2017 que llegó a 200 mil hectáreas cultivadas de coca. Como resultado de la determinación del Presidente Duque, esta tendencia se detuvo en 2018 y de nuevo en 2019.  Nuestro Gobierno no descansará hasta que suprimamos estos cultivos, ya que nuestra historia nos ha enseñado que el principal combustible de la violencia en Colombia es el tráfico de drogas.

Señores Miembros del Consejo:

Quisiera referirme brevemente a un asunto ajeno al mandato de la Misión de Verificación. El pasado 29 de marzo el grupo armado organizado y terrorista ELN anunció un cese unilateral al fuego. Es necesario resaltar, primero, que el llamado cese unilateral “activo” del ELN es en realidad parcial porque este grupo afirma que atacarían en ciertos casos. El Presidente Duque ha reiterado que el ELN debe demostrar su compromiso con la paz a través de acciones concretas como la liberación de ciudadanos secuestrados y el cese de cualquier acto criminal.

Sr. Presidente:

El Acuerdo de 2016 contempla plazos de implementación de 15 años. Es necesario resaltar que la implementación es un proceso en dos vías y requiere del compromiso efectivo tanto del Estado como del ahora partido político FARC. Reiteramos la importancia de que la Misión de Verificación exija a FARC avances en sus tareas pendientes. Estas incluyen: información sobre las rutas del narcotráfico; cooperación que conduzca a la ubicación de personas desaparecidas; entrega de bienes y activos para la reparación de las víctimas; y que cumplan con las expectativas de la justicia y de las víctimas en relación con la verdad.

Señor Presidente:

La política de Paz con Legalidad es una ambiciosa estrategia de mediano y largo plazo. Diferentes instituciones del Estado trabajan juntas para lograr la estabilización de los territorios, así como para cerrar las brechas y promover el progreso social de las comunidades que viven en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Confiamos en que seguiremos contando con su apoyo para avanzar en la consolidación del bienestar, la paz y el Estado de Derecho en Colombia.

Muchas gracias.

Preguntas y respuestas de la Canciller Claudia Blum sobre su presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU

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Intervención de la canciller Claudia Blum en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

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