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La alianza estratégica entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU)-impulsada con la normalización de las relaciones en 2020 y reforzada a raíz de los ataques de Irán y hutíes– se traduce también en importantes contratos en los que empresas israelíes venden sobre todo sistemas defensivos antiaéreos y de Inteligencia y el país árabe compra básicamente elementos para blindar su escudo.

La relación tiene varias fechas emblemáticas. La última es el pasado 28 de febrero cuando empezó la ofensiva estadounidense-israelí en Irán. Los EAU se convirtieron en objetivo primordial de los misiles balísticos y drones del régimen iraní en su represalia regional. Israel le envió su conocida Cúpula de Hierro (sistema de defensa desarrollado por la firma pública israelí Rafael) y su equipo para neutralizar los ataques del enemigo común.

Otra fecha importante es el 14 de noviembre del 2021 cuando Elbit Systems, la mayor empresa privada de defensa israelí, anunció la creación de una filial en el gran aliado de Israel en el Golfo Pérsico con el fin de promover la cooperación bilateral en el campo militar y facilitar la transferencia de tecnología bajo el paraguas de los Acuerdos de Abraham.

O el 17 de enero del 2022. Ese día, los hutíes (grupo proiraní en Yemen) dispararon misiles balísticos y UAV (Vehículos Aéreos No Tripulados) contra EAU golpeando el aeropuerto internacional y refinerías con un balance de tres muertos. A petición expresa de Abu Dabi, Elbit presentó dos meses después una detallada propuesta económica para el suministro rápido de sus UAV más sofisticados según el diario israelí Haaretz citando documentos internos filtrados. De estos, se desprende que un alto funcionario del ministerio de Defensa iba a viajar a los Emiratos para tratar sobre “dos proyectos de defensa aérea”.

La filtración de los escritos desgrana una relación comercial-militar desarrollada en gran parte lejos de las cámaras o comunicados. De hecho, la única vez que Elbit anunció un acuerdo con los emiratíes fue en enero de 2022. Entonces, los cinco aviones cisterna de reabastecimiento aéreo de EAU fueron equipados con sistemas de defensa antimisiles fabricados por la empresa israelí en un acuerdo valorado en 50 millones de dólares.

Los documentos fueron aparentemente obtenidos gracias a una filtración de la cuenta personal de Gmail de un alto ejecutivo de Elbit que usó su correo electrónico privado para fines laborales. Haaretz afirma haber analizado y contrastado documentos publicados recientemente por un grupo de hackers afiliados al servicio de Inteligencia iraní.

Uno de ellos resume en 2021 la reunión del director general de la empresa con sede en Haifa con un alto funcionario del ministerio de Defensa sobre la posibilidad de vender sistemas de armas a diversos países, entre ellos Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Etiopía y Ruanda. “El documento indica la aprobación dada a la empresa para vender a EAU el UAV Hermes 900 con capacidad de recopilación de información (sin capacidad de ataque) y la munición merodeadora Sharakrak (SkyStriker) con un alcance de hasta 60 km. En la reunión también se trató la venta de MPR-2000, bombas de una tonelada destinadas para penetrar búnkeres y edificios fortificados”, explica el rotativo.

Los correos revelan una propuesta de venta del dron más reciente de la flota de Elbit en marzo de 2023. Se trata del Hermes 650, capaz de transportar sistemas de Inteligencia de señales, vigilancia y guerra electrónica. El aparato se diseñó para reemplazar gradualmente al Hermes 450 (“Zik”), el veterano dron israelí de Inteligencia y ataque.

El historiador militar israelí, Danny Orbach, dice a EL MUNDO que la ausencia de publicidad o el perfil bajo en todas estas transacciones por parte de EAU se debe entre otros motivos a “la sensibilidad ante el mundo árabe, la situación en Gaza y las tensiones entre los dos países que son compatibles con la cooperación”.

EL BLINDAJE DE EAU

EAU compra básicamente equipamientos de defensa antiaérea aprovechando la experiencia israelí en este campo. Esta ventaja unida a la tecnología en la oferta y la necesidad en la demanda significa mucho dinero. Israel batió en 2025 su récord de exportaciones en materia de defensa alcanzando los 19,2 mil millones de dólares. Es decir, un aumento del 30% respecto al año anterior. El 15% se situó en el norte de África y Oriente Próximo con protagonismo central en países firmantes de los Acuerdos de Abraham como EAU, Bahréin y Marruecos.

“Cada país en el Golfo Pérsico busca una forma diferente para defenderse ya que aunque tienen mucho dinero no tienen ejércitos fuertes y por eso necesitan una cooperación militar con alguien”, comenta Orbach. “Cada uno tiene una estrategia. Por ejemplo, Qatar eligió la ayuda de los Hermanos Musulmanes pero garantiza su defensa a través de su papel de mediador con actores como Hamas o Irán”.

¿EAU? Preguntamos. “Están en la posición contraria a la que tiene Qatar y rompieron los puentes con el eje islámico. Por otro lado, quieren ser independientes de Arabia Saudí. Su seguridad está vinculada a la conectividad. Dubái es centro logístico del mundo y por ello son vulnerables a un ataque militar”, contesta para añadir: “Necesitan un aliado que le ayude a nivel militar. No pueden apoyarse en los saudíes porque hay cada vez más tensiones y su ejército no es fuerte mientras Estados Unidos es menos creíble en los últimos tiempos. Por eso, es natural que se apoyen en Israel que también es un país pequeño, es un hub tecnológico y con una amplia experiencia militar especialmente en defensas antiaéreas”.

Documentos filtrados arrojan luz no solo sobre la relación entre Elbit y EAU sino también sobre la venta de sistemas avanzados a Arabia Saudí y Qatar y sobre capacidades de IA en UAV israelíes operativos.

Si seguimos con el recorrido de fechas, otra podría ser el pasado mes de noviembre. Elbit anunció un acuerdo de 2,3 mil millones de dólares (una de las mayores transacciones en este campo en Israel) para el suministro de “una solución estratégica a un cliente internacional” sin dar el nombre del producto o destinatario. Una revista francesa especializada en Inteligencia afirmó que se trataba de EAU.

Estados Unidos y Brasil profundizaron este martes el creciente enfrentamiento entre los dos gobiernos con una inusual decisión de la administración de Donald Trump: le retiró el visado a la embajadora brasileña en Washington, aunque asegura que eso no implica su expulsión del país.

El congelamiento diplomático a la embajadora Maria Luiza Ribeiro Viotti es, según coinciden en señalar los medios brasileños tras una teleconferencia con el Departamento de Estado, una represalia de Trump ante la demora de Luiz Inácio Lula da Silva en darle el plácet al nuevo embajador estadounidense en Brasilia, Daniel Pérez.

La cancillería brasileña no reaccionó por el momento ante la decisión del secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo departamento no descarta “nuevas sanciones” contra Brasil.

El gobierno de Lula negó recientemente el visado para ingresar al país a Darren Beattie, asesor principal para Brasil del gobierno estadounidense. Lo mismo sucedió días antes con dos funcionarios del Departamento de Estado ante la sospecha de Brasilia de que su propósito era interferir en el proceso electoral de cara a las presidenciales de octubre.

“La justificación oficial de la visita era debatir sobre la libertad de expresión en el contexto de las elecciones, pero, según el periódico estadounidense The Washington Post, los estadounidenses Riley M. Barne y Samuel D. Samson pretendían cuestionar la integridad del proceso electoral”, señaló Folha de Sao Paulo.

“En abril, un reportaje de The New York Times describió a Samson, que ocupa el cargo de subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, como la apuesta de Trump para la ‘guerra cultural de Trump contra Europa’”.

Rubio y Lula se dispensan una antipatía que no disimulan, a tal punto que el secretario de Estado estaba muy oportunamente fuera del país cuando el presidente brasileño visitó a Trump el 7 de mayo de este año en la Casa Blanca.

“Sus políticas económicas son perjudiciales para los estadounidenses y para los brasileños. Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a la búsqueda de un acuerdo en beneficio del bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello”, dijo recientemente el secretario de Estado, que considera a Brasil como “país no amigo” de los Estados Unidos.

Pese al tono amistoso de aquella reunión bilateral en mayo, que se extendió por tres horas, las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio del Planalto han vuelto a tensionarse, incluyendo nuevas sanciones estadounidenses mediante la subida de aranceles, y es esperable que continúen así de cara a una campaña electoral en la que Lula saca réditos de su posición de defensa de la soberanía nacional.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno no aceptó el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar hacia el desarme de Hamas en Gaza, y aseguró que las fuerzas israelíes no abandonarán sus posiciones actuales hasta que el grupo terrorista pierda por completo su capacidad militar.

Las declaraciones del mandatario israelí introdujeron nuevas dudas sobre la aplicación del acuerdo respaldado por Washington, que plantea como uno de sus principales puntos que Hamas entregue sus armas a cambio de una retirada progresiva del Ejército israelí y la consolidación de una nueva etapa política y de seguridad en el territorio palestino.

“Trump y su equipo creen que pueden conseguir que Hamas se desarme y desmilitarice Gaza. Nos enviaron un borrador, pero no lo hemos aceptado”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido en sus redes sociales. El líder israelí explicó que Jerusalén envió sus observaciones a la propuesta estadounidense y remarcó que esa respuesta fue transmitida antes de que el contenido del plan generara una discusión pública.

Netanyahu insistió en que Israel mantendrá su posición de que el desarme del movimiento islamista debe producirse antes de cualquier retirada significativa.

“Haremos lo que sea necesario para protegernos, proteger nuestro territorio y proteger a nuestros ciudadanos”, sostuvo.

El acuerdo impulsado por Trump busca avanzar sobre los compromisos alcanzados durante el alto el fuego que permitió detener las principales operaciones militares y concretar la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza. Sin embargo, las diferencias entre Israel y Hamas sobre el orden de los pasos pendientes han frenado su desarrollo.

Mientras Jerusalén exige que Hamas entregue sus armas como condición previa para avanzar, el grupo terrorista reclama el fin de las operaciones militares israelíes y una retirada completa de las tropas de la Franja. Ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir los compromisos establecidos.

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron después de una reunión en Jerusalén con Nicolai Mladenov, responsable de la Junta de Paz de Gaza, quien pidió avanzar hacia el cumplimiento del acuerdo y detener las acciones militares para facilitar las negociaciones. Tras el encuentro, Mladenov describió la conversación como “constructiva y exhaustiva” y señaló que la siguiente fase del proceso será especialmente compleja.

El funcionario también sostuvo que la salida de las tropas israelíes dependerá de que Hamas complete su desarme, una condición que coincide con la postura expresada por Netanyahu.

En paralelo a las disputas diplomáticas, Gaza continúa enfrentando las consecuencias humanitarias de más de dos años de guerra. La recuperación de cuerpos bajo los escombros se ha convertido en una de las tareas más visibles desde la entrada en vigor del alto el fuego, debido a que numerosas zonas quedaron destruidas por los combates.

Durante los últimos días, equipos de rescate recuperaron más de un centenar de cadáveres de una zona residencial del barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, donde un ataque ocurrido en noviembre de 2023 dejó cientos de muertos. Muchos de los restos permanecieron enterrados durante meses bajo estructuras colapsadas.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que miles de personas continúan desaparecidas bajo los escombros, aunque no existe una cifra definitiva debido a que en algunos casos familias enteras murieron sin dejar sobrevivientes que pudieran reportar sus nombres.

El conflicto comenzó tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó alrededor de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas. La ofensiva militar israelí posterior provocó decenas de miles de muertes en Gaza y una destrucción generalizada de infraestructura civil.

Con el futuro del acuerdo aún en discusión, Netanyahu mantiene que la eliminación de la amenaza militar de Hamas será el punto central de cualquier arreglo definitivo, mientras Estados Unidos intenta impulsar una transición que permita avanzar hacia la reconstrucción y una nueva administración para Gaza.

La desnutrición infantil en Afganistán alcanzó niveles críticos y se prevé que continúe deteriorándose, advirtió este martes el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), que alertó sobre el impacto directo de los recortes en la ayuda internacional.

Se prevé que casi 3,7 millones de niños afganos sufran desnutrición aguda este año, junto con 1,2 millones de mujeres embarazadas y lactantes. El fenómeno alcanzó índices sin precedentes en 12 provincias y empeoró en la mayor parte del país respecto del año anterior.

La emaciación —la forma más letal de desnutrición— se produce cuando un menor está demasiado delgado para su estatura por alimentación insuficiente o enfermedad. Según John Aylieff, director del PMA en Afganistán, alrededor del 80% de los casos más graves corresponden a menores de dos años, muchos de los cuales llegan a las clínicas cuando ya no es posible salvarlos.

“Esta es una crisis que empeora día a día y, trágicamente, que no podemos contener”, declaró Aylieff ante la prensa en Ginebra. “Los estamos rechazando con las manos vacías, sin absolutamente nada”, añadió.

La reducción del financiamiento externo forzó el cierre de 142 centros de salud en 2025 y dejó a más de 13.000 menores sin acceso a tratamiento nutricional. Olga Cherevko, vocera de la oficina de asuntos humanitarios de la ONU en Afganistán, señaló que demasiados pacientes llegan a las instalaciones en estado severo, mientras otros ni siquiera logran llegar.

La capacidad operativa del PMA se contrajo de forma pronunciada: si en marzo podía atender a 1 de cada 4 casos que requerían tratamiento, hoy solo alcanza a 1 de cada 7 mujeres y niños con desnutrición aguda. El organismo atribuye el deterioro al conflicto prolongado, el desempleo extendido, los brotes de enfermedades y las deficiencias en agua y saneamiento.

La agencia advirtió que las distribuciones de alimentos orientadas a prevenir la hambruna en las zonas más afectadas quedarán suspendidas entre agosto y octubre, precisamente el período de mayor incidencia de desnutrición. La escasez de suministros vinculada al conflicto en Oriente Medio y el cierre durante nueve meses de la frontera con Pakistán interrumpieron además la cadena de entrega de productos nutricionales, dejando a cerca de un millón de personas sin servicios esenciales durante cinco meses consecutivos.

Para sostener sus operaciones durante los próximos seis meses, el organismo necesita 540 millones de dólares. La asistencia alimentaria disponible para Afganistán cayó aproximadamente 59% desde 2022, pese a que las necesidades crecieron en sentido contrario.

Estados Unidos —históricamente el principal donante— y varios países europeos redujeron sus aportes desde enero de 2025, aunque el PMA no mencionó donantes específicos en su comunicado. En junio, Washington comprometió 800 millones de dólares al organismo para distribuir entre al menos 37 países y beneficiar a más de 38 millones de personas.

El monto solicitado para atender la crisis humanitaria en Afganistán asciende a 1.700 millones de dólares y está cubierto en poco más del 26%, una proporción que Cherevko calificó de “alarmante”. En febrero, Aylieff ya había descrito los recortes como “devastadores”.

(Con información de AP y Reuters)

Ucrania acusó el martes a Rusia de cometer un nuevo crimen de guerra después de que se difundiera un video en el que un dron ataca y hiere a un vendedor ambulante de verduras en la ciudad de Kherson, en el sur del país. Las imágenes, distribuidas por la policía ucraniana, muestran cómo el aparato persigue al hombre alrededor de la furgoneta que usaba como puesto de venta hasta que explota cuando este intenta refugiarse detrás del vehículo.

El herido, identificado por las autoridades como Yurii, de 52 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió un cuadro de shock y heridas de metralla en ambas piernas y en la espalda. Desde una cama del hospital donde permanece internado, relató el momento del ataque en una entrevista difundida por Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Kherson, a través de Telegram.

Yurii explicó que acababa de instalar su puesto y comenzaba a descargar la mercancía junto a su esposa cuando escuchó un zumbido que no pudo identificar de inmediato. “Venía de algún lugar detrás del mercado, de esos arbustos de allí, y volaba muy bajo”, relató. Describió el terreno abierto de la zona como una trampa sin escapatoria: “Es una estepa abierta. No hay adónde ir. Da pánico, por supuesto. De verdad, da pánico”.

El ataque se inscribe en una campaña de drones rusos contra la población civil de Kherson que organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos documentan desde mediados de 2024. Human Rights Watch, tras entrevistar a 59 personas y analizar decenas de videos de ataques individuales publicados en canales de Telegram vinculados al Ejército ruso, concluyó que las fuerzas rusas atacan deliberadamente a civiles que caminan, circulan en bicicleta o conducen por la ciudad. Solo entre mayo y diciembre de 2024, los ataques con drones dejaron al menos 30 civiles muertos y 483 heridos en la región, según la organización.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, dependiente de Naciones Unidas, fue más allá en un informe publicado en mayo de este año: concluyó que los ataques con drones contra civiles en la provincia de Khersona, ejecutados de forma sistemática desde julio de 2024 a lo largo de más de 100 kilómetros de la ribera del río Dniéper, constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato. El organismo determinó que los ataques siguen un patrón regular que evidencia planificación, dirección y organización por parte de las autoridades militares y civiles rusas, sin que existan indicios de que estas hayan intentado detenerlos.

Los datos recopilados durante 2025 confirman la intensidad de la ofensiva. Según el proyecto de monitoreo de fuentes abiertas Tochnyi, citado por medios ucranianos, los ataques con drones dejaron 3.152 víctimas civiles en la región de Kherson a lo largo del año, incluidas 332 muertes, además de 384 heridos adicionales entre socorristas, muchos de ellos víctimas de los llamados “ataques de doble impacto”, en los que un segundo dron golpea a quienes acuden a asistir a las víctimas del primero.

Reuters verificó la ubicación del ataque a Yurii mediante el análisis de edificios, el trazado de las calles y la vegetación visibles en el video, que coinciden con imágenes satelitales y de archivo de la zona. La agencia no pudo confirmar la fecha exacta de forma independiente, aunque tanto la policía ucraniana como el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, sitúan el episodio el martes. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

El presidente Volodímir Zelensky calificó lo ocurrido como un nuevo episodio de lo que describió como el “safari” de drones rusos contra la población de Kherson, en un mensaje publicado en la red social X. “Rusia se ha vuelto loca”, escribió, antes de reclamar mayor presión internacional sobre Moscú y garantías de seguridad reforzadas para Ucrania. “Debemos actuar y defender la vida de tal manera que obliguemos a Rusia a plantearse seriamente la paz, en lugar de ampliar el alcance de sus drones”, añadió.

Sybiha, por su parte, calificó el episodio como un “bárbaro crimen de guerra” que exige condena internacional y rendición de cuentas, aunque advirtió que la mayoría de los casos similares nunca trascienden. “Miles de crímenes similares nunca llegan a ser conocidos por la opinión pública”, escribió en Telegram.

La Junta Directiva extraordinaria del Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte, celebrada en Bustares, ha servido como punto de encuentro entre las administraciones y los representantes del territorio para definir las prioridades en la recuperación de los municipios afectados por el reciente incendio forestal en La Mierla, a la vez que ha aprobado movilizar 822.095 euros a través de tres convocatorias LEADER para el impulso de 33 proyectos empresariales.

Diálogo para la recuperación de la Sierra Norte

El encuentro, convocado bajo el lema ‘Juntos por la recuperación de nuestra Sierra Norte’, contó con la presencia de la presidenta de ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino; el viceconsejero de Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Eusebio Robles; la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez; diputados provinciales y representantes locales.

María Jesús Merino destacó la importancia de este foro: «La recuperación solo puede construirse escuchando a quienes viven y trabajan cada día en los pueblos. Nuestro papel como Grupo de Desarrollo Rural consiste precisamente en tender puentes entre las administraciones y el territorio».

Durante la reunión, los representantes trasladaron sus principales inquietudes, entre las que destacaron:

• La necesidad de compatibilizar la restauración forestal con el mantenimiento de la actividad ganadera.

• Reforzar la promoción turística de la comarca para paliar las cancelaciones tras el incendio y recuperar la confianza de los visitantes.

• Abordar problemas estructurales, como los microcortes eléctricos y las deficiencias en las comunicaciones que se hicieron patentes durante la emergencia.

Las administraciones expusieron las medidas ya en marcha, que incluyen fondos para la reconstrucción, ayudas directas a ayuntamientos, empresas y ganaderos, así como actuaciones para la restauración ambiental y la reparación de infraestructuras vitales.

Apoyo LEADER: 822.095 euros para el tejido empresarial

En el ámbito del desarrollo económico, la Junta Directiva avanzó en la tramitación de las convocatorias LEADER-PEPAC 2023-2027 activas, destinadas a fortalecer el tejido empresarial y generar empleo en un territorio catalogado de extrema despoblación.

En concreto, se ha procedido a la aprobación y tramitación de ayudas que suman 822.095 euros para 33 proyectos:

• Industrias agroalimentarias: Aprobados definitivamente 4 expedientes con una ayuda pública de 45.000 euros.

• Emprendimiento: Aprobados 7 proyectos de nuevos emprendedores que recibirán un total de 189.000 euros.

• Empresas rurales: Informe favorable de la resolución provisional para movilizar 588.095 euros destinados a 22 proyectos empresariales no agroalimentarios (a la espera de concluir el periodo de alegaciones).

Estas convocatorias permiten subvencionar hasta un 65% del importe global de la inversión, ofreciendo un soporte fundamental para el arraigo poblacional y la creación de oportunidades en el medio rural.

Compromiso continuo con el desarrollo rural

Además de las ayudas económicas, ADEL Sierra Norte repasó el avance de otros proyectos estratégicos para la comarca:

• La iniciativa ‘Moviliza tu Vivienda Rural’, que ya cuenta con el interés de 20 municipios.

• La participación en el Estatuto del Pequeño Municipio de Castilla-La Mancha.

• Proyectos de Comunidades Energéticas y preparativos para la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha LEADER, con salida femenina prevista desde Sigüenza.

«La recuperación de la Sierra Norte exige atender la emergencia, pero también seguir trabajando por el futuro. Ese compromiso con el desarrollo rural no se detiene», concluyó María Jesús Merino.

Tras la constitución de la mesa el pasado mes de febrero y la posterior suspensión unilateral de las conversaciones por parte de la patronal, los agentes sociales han retomado este martes la negociación del convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera de la provincia de Cuenca.

La cita, celebrada en la sede del Jurado Arbitral Laboral (JAL) y calificada de «trámite» por la representación sindical, ha servido principalmente para que la delegación de ACUTRANS-CEOE diera respuesta a la plataforma unitaria presentada por CCOO y UGT.

Un sector estratégico a la espera de un nuevo acuerdo

El convenio sectorial, que actualmente se encuentra prorrogado a la espera de un nuevo consenso, regula las condiciones laborales de unas 4.000 personas trabajadoras y cerca de 200 empresas de transporte, reparto y logística en la provincia.

Desde CCOO han manifestado su esperanza de que las negociaciones no se demoren. Sin embargo, el sindicato ha señalado que, aunque agradecen la «buena voluntad expresada en la mesa por la representación patronal», las primeras respuestas y contrapropuestas de ACUTRANS-CEOE frente a sus demandas «no han sido muy positivas de partida».

Entre las principales reivindicaciones sindicales puestas sobre la mesa destacan:

• La reducción de la jornada anual, equiparándola a la tendencia de otros convenios sectoriales recientes.

• La ampliación de los permisos retribuidos, solicitando hasta diez días laborales en caso de fallecimiento de un familiar de primer grado de consanguinidad.

Inclusión de las empresas de mensajería

A pesar de las diferencias iniciales en materia laboral, ambas partes han encontrado un punto de consenso fundamental: la inclusión de las empresas de mensajería en el ámbito funcional del convenio provincial.

Sindicatos y patronal coinciden en que la actividad de mensajería con vehículos ligeros (menos de 2 toneladas) debe considerarse una actividad de transporte a todos los efectos, tal y como se viene reclamando desde 2006. Esta inclusión busca garantizar unas condiciones mínimas y legales para los trabajadores de un subsector impulsado por el auge del comercio electrónico (e-commerce), muchas de cuyas empresas simultanean ambas actividades. Actualmente, esta cuestión técnica está pendiente de una resolución definitiva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha.

Próximos pasos en septiembre

Aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta en el calendario, las partes se han comprometido a celebrar una segunda reunión durante la primera quincena de septiembre. Para entonces, se espera que ACUTRANS concrete sus contrapropuestas sobre los aspectos de mayor calado del convenio, permitiendo así su estudio detallado por parte de la representación sindical.

La Junta Directiva extraordinaria del Grupo de Desarrollo Rural ADEL Sierra Norte, celebrada en Bustares, ha servido como punto de encuentro entre las administraciones y los representantes del territorio para definir las prioridades en la recuperación de los municipios afectados por el reciente incendio forestal en La Mierla, a la vez que ha aprobado movilizar 822.095 euros a través de tres convocatorias LEADER para el impulso de 33 proyectos empresariales.

Diálogo para la recuperación de la Sierra Norte

El encuentro, convocado bajo el lema ‘Juntos por la recuperación de nuestra Sierra Norte’, contó con la presencia de la presidenta de ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino; el viceconsejero de Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Eusebio Robles; la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez; diputados provinciales y representantes locales.

María Jesús Merino destacó la importancia de este foro: «La recuperación solo puede construirse escuchando a quienes viven y trabajan cada día en los pueblos. Nuestro papel como Grupo de Desarrollo Rural consiste precisamente en tender puentes entre las administraciones y el territorio».

Durante la reunión, los representantes trasladaron sus principales inquietudes, entre las que destacaron:

• La necesidad de compatibilizar la restauración forestal con el mantenimiento de la actividad ganadera.

• Reforzar la promoción turística de la comarca para paliar las cancelaciones tras el incendio y recuperar la confianza de los visitantes.

• Abordar problemas estructurales, como los microcortes eléctricos y las deficiencias en las comunicaciones que se hicieron patentes durante la emergencia.

Las administraciones expusieron las medidas ya en marcha, que incluyen fondos para la reconstrucción, ayudas directas a ayuntamientos, empresas y ganaderos, así como actuaciones para la restauración ambiental y la reparación de infraestructuras vitales.

Apoyo LEADER: 822.095 euros para el tejido empresarial

En el ámbito del desarrollo económico, la Junta Directiva avanzó en la tramitación de las convocatorias LEADER-PEPAC 2023-2027 activas, destinadas a fortalecer el tejido empresarial y generar empleo en un territorio catalogado de extrema despoblación.

En concreto, se ha procedido a la aprobación y tramitación de ayudas que suman 822.095 euros para 33 proyectos:

• Industrias agroalimentarias: Aprobados definitivamente 4 expedientes con una ayuda pública de 45.000 euros.

• Emprendimiento: Aprobados 7 proyectos de nuevos emprendedores que recibirán un total de 189.000 euros.

• Empresas rurales: Informe favorable de la resolución provisional para movilizar 588.095 euros destinados a 22 proyectos empresariales no agroalimentarios (a la espera de concluir el periodo de alegaciones).

Estas convocatorias permiten subvencionar hasta un 65% del importe global de la inversión, ofreciendo un soporte fundamental para el arraigo poblacional y la creación de oportunidades en el medio rural.

Compromiso continuo con el desarrollo rural

Además de las ayudas económicas, ADEL Sierra Norte repasó el avance de otros proyectos estratégicos para la comarca:

• La iniciativa ‘Moviliza tu Vivienda Rural’, que ya cuenta con el interés de 20 municipios.

• La participación en el Estatuto del Pequeño Municipio de Castilla-La Mancha.

• Proyectos de Comunidades Energéticas y preparativos para la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha LEADER, con salida femenina prevista desde Sigüenza.

«La recuperación de la Sierra Norte exige atender la emergencia, pero también seguir trabajando por el futuro. Ese compromiso con el desarrollo rural no se detiene», concluyó María Jesús Merino.

Tras la constitución de la mesa el pasado mes de febrero y la posterior suspensión unilateral de las conversaciones por parte de la patronal, los agentes sociales han retomado este martes la negociación del convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera de la provincia de Cuenca.

La cita, celebrada en la sede del Jurado Arbitral Laboral (JAL) y calificada de «trámite» por la representación sindical, ha servido principalmente para que la delegación de ACUTRANS-CEOE diera respuesta a la plataforma unitaria presentada por CCOO y UGT.

Un sector estratégico a la espera de un nuevo acuerdo

El convenio sectorial, que actualmente se encuentra prorrogado a la espera de un nuevo consenso, regula las condiciones laborales de unas 4.000 personas trabajadoras y cerca de 200 empresas de transporte, reparto y logística en la provincia.

Desde CCOO han manifestado su esperanza de que las negociaciones no se demoren. Sin embargo, el sindicato ha señalado que, aunque agradecen la «buena voluntad expresada en la mesa por la representación patronal», las primeras respuestas y contrapropuestas de ACUTRANS-CEOE frente a sus demandas «no han sido muy positivas de partida».

Entre las principales reivindicaciones sindicales puestas sobre la mesa destacan:

• La reducción de la jornada anual, equiparándola a la tendencia de otros convenios sectoriales recientes.

• La ampliación de los permisos retribuidos, solicitando hasta diez días laborales en caso de fallecimiento de un familiar de primer grado de consanguinidad.

Inclusión de las empresas de mensajería

A pesar de las diferencias iniciales en materia laboral, ambas partes han encontrado un punto de consenso fundamental: la inclusión de las empresas de mensajería en el ámbito funcional del convenio provincial.

Sindicatos y patronal coinciden en que la actividad de mensajería con vehículos ligeros (menos de 2 toneladas) debe considerarse una actividad de transporte a todos los efectos, tal y como se viene reclamando desde 2006. Esta inclusión busca garantizar unas condiciones mínimas y legales para los trabajadores de un subsector impulsado por el auge del comercio electrónico (e-commerce), muchas de cuyas empresas simultanean ambas actividades. Actualmente, esta cuestión técnica está pendiente de una resolución definitiva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha.

Próximos pasos en septiembre

Aunque todavía no se ha fijado una fecha exacta en el calendario, las partes se han comprometido a celebrar una segunda reunión durante la primera quincena de septiembre. Para entonces, se espera que ACUTRANS concrete sus contrapropuestas sobre los aspectos de mayor calado del convenio, permitiendo así su estudio detallado por parte de la representación sindical.