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Siete años después de que la Justicia Federal impusiera una de las restricciones más amplias del país para la aplicación de fitosanitarios, productores, ingenieros agrónomos, abogados y entidades rurales de Pergamino comenzaron a reorganizarse con un objetivo concreto: intentar que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, deje sin efecto la medida cautelar que desde 2019 limita las pulverizaciones en un radio de 1095 metros alrededor del ejido urbano.

El impulso surgió luego del reciente fallo del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, que absolvió a productores, un ingeniero agrónomo y un aplicador que llegaron a juicio por la causa de las aplicaciones de fitosanitarios en ese partido bonaerense. En cambio, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que existieron deficiencias en los controles.

Para el Tribunal no quedó acreditado el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal individual a los productores, pese a considerar probados los daños denunciados por vecinos. Ese pronunciamiento es el antecedente sobre el que ahora el sector buscará apoyar un nuevo pedido para revisar la cautelar. Para el sector, esa decisión judicial abrió un nuevo escenario para volver a discutir una cautelar que consideran excesiva y sin sustento técnico actualizado.

Con ese objetivo, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Aianba) convocó una reunión en su sede de Pergamino de la que participaron representantes de la Sociedad Rural local, Cedasaba [agronomías], la Sociedad de Cerealistas del Norte de Buenos Aires, productores, profesionales y abogados especializados en derecho ambiental.

Para Andrés Pereyra, ingeniero agrónomo e integrante de Aianba, el encuentro marcó un punto de inflexión. “Fue fructífera porque hubo una convocatoria real aunque mucha gente pidió disculpas porque no pudo participar por razones laborales”, señaló a LA NACION.

Explicó que durante la reunión participaron dos abogados especializados que coincidieron en que, desde el punto de vista jurídico, todavía hay que esperar. “Hasta el 10 de agosto, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia de Rosario, no se puede hacer mucho”, resumió.

Según explicó, recién una vez publicados los detalles del fallo se podrá evaluar la estrategia legal para solicitar el levantamiento de la cautelar. Más allá de esa limitación procesal, Pereyra destacó un cambio en el ánimo de los productores: “Esta debe ser la quinta reunión que convocamos y en esta se notó que hay más ganas de hacer algo, de participar.”

Durante el encuentro surgió además la propuesta de conformar un espacio permanente integrado por distintos actores de la actividad. “La idea es organizar una suerte de observatorio o consorcio para ir aunando todas las partes interesadas y que funcione como un ente que medie entre las partes si aparece algún conflicto con respecto a la aplicación de fitosanitarios; sería como un organismo consultor más que asesor”, explicó.

A su entender, el reciente fallo absolutorio modificó el clima que se vivía hasta hace pocas semanas: “En la reunión se observó que la gente cambió el ánimo, el espíritu por esta sentencia de absolución”. No obstante, entre los asistentes predominó la cautela.

También indicó que uno de los principales desafíos será mejorar la comunicación con la sociedad: “Quedó en claro el peso de la comunicación hacia todos los sectores de la sociedad de que las cosas se hacen bien, que los productos que aplicamos están aprobados por Senasa”.

Según pudo reconstruir LA NACION, durante el encuentro también se analizó la posibilidad de establecer contactos políticos e institucionales de alto nivel para intentar que el Tribunal considere la abundante prueba técnica presentada durante estos años y que actualmente forma parte del expediente judicial radicado en Rosario.

En este contexto, Aianba comunicó que el encuentro se desarrolló en un clima de satisfacción tras el veredicto favorable para los productores y demás actores del sector, aunque aclaró que será indispensable analizar los fundamentos completos antes de definir los próximos pasos. Las instituciones participantes acordaron conformar una comisión de trabajo para impulsar el pedido de levantamiento de la cautelar que restringe las aplicaciones terrestres alrededor del ejido urbano. Los asistentes coincidieron en que hoy existen tecnologías, protocolos y sistemas de control suficientes para garantizar aplicaciones responsables y seguras, y remarcaron la necesidad de transmitir esa realidad mediante información verificable.

La medida cautelar cuestionada fue dictada por el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás a comienzos de septiembre de 2019. Desde ese momento se prohibieron las pulverizaciones terrestres dentro de un radio de 1095 metros de las zonas pobladas y se fijó una restricción de tres kilómetros para las aplicaciones aéreas.

La resolución tuvo origen en una causa iniciada por la abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, quien denunció aplicaciones de agroquímicos cerca de distintos barrios y sostuvo haber sufrido junto con su familia consecuencias sobre la salud. Meses antes, el magistrado había impuesto una restricción de 600 metros que alcanzaba únicamente a tres barrios. Posteriormente amplió la medida a todo el ejido urbano de Pergamino.

Para los productores, el reciente fallo no modifica automáticamente la situación judicial, pero sí representa una oportunidad para reabrir una discusión que lleva siete años y que, aseguran, mantiene alrededor de 6000 hectáreas con severas limitaciones productivas en el periurbano de Pergamino.

Guillermo Tempone, productor de Pergamino, sostuvo que la restricción pudo haber tenido sentido en un contexto de emergencia, pero considera que hoy corresponde revisar su continuidad. “Como ingeniero agrónomo puedo entender que en una situación de emergencia se dicte una medida que tienda a priorizar un bien superior, pero es tiempo de revisar qué ley y qué información científica avala mantener una zona de exclusión de 1095 metros después de tantos años sin resolverse el problema de fondo”, afirmó.

El productor agregó que la comisión recientemente conformada buscará impulsar ese planteo: “Considerando las posibilidades que nos ofrece la tecnología actual y las herramientas de control ya establecidas, se acordó conformar una comisión a efectos de gestionar el levantamiento de la medida cautelar, probablemente única en el mundo, que prohíbe las aplicaciones en 1095 metros alrededor de nuestra ciudad.”

Ahora, todas las miradas están puestas en agosto, cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia. A partir de ese momento, los productores esperan contar con nuevos argumentos para volver a pedir que se revise una cautelar que consideran desproporcionada y sin sustento técnico actualizado.